SUMA Gestión Tributaria, entidad pública a la que el Ayuntamiento de El Campello tiene contratado el cobro de tasas e impuestos municipales, ha comenzado ya a notificar a los propietarios de viviendas del municipio el recibo de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos, que este año experimenta un incremento después de que el pasado diciembre el Pleno Municipal cumpliera con un requisito impuesto por la Unión Europea, del que emanó una orden ministerial del Gobierno Central.

Las administraciones europea y central obligaban a todos los ayuntamientos españoles a modificar su Ordenanza Fiscal reguladora de esa tasa, aplicando el principio de equivalencia, de forma que el importe de los recibos debía cubrir la totalidad del servicio de recogida de basura.

Según explicó en diciembre el alcalde, Juanjo Berenguer, la nueva tasa analiza el comportamiento detectado según las zonas del municipio, partiendo de criterios técnicos y estadísticos teniendo en cuenta aspectos como la densidad poblacional, el número de viviendas, el número de empadronados en dichas viviendas, la cantidad de recibos de basura emitidos en dicha zona, la superficie construida en la misma e incluso ponderando los resultados de acuerdo al valor medio del metro construido atendiendo al valor catastral de los inmuebles par así tener en cuenta el principio de capacidad económica de la ciudadanía.

De esta manera se ponderó la tasa de acuerdo a las zonas que tienen una generación mayor de residuos, lo que justifica que se haya dividido el término municipal en 14 zonas diferenciadas, con tasas diferenciadas.

La ley del Gobierno Central señala que la tasa debe cubrir el servicio que se presta, y obligaba a una actualización si existía variación sustancial en el coste neto, como ha ocurrido en los últimos ejercicios. El coste de este servicio en El Campello alcanza un total de 5.086.140,84 euros anuales. Sin embargo, dado el acuerdo que se mantiene con el Consorcio Mare que explota la planta de tratamiento de residuos localizada en su territorio, se descuenta lo que el municipio deja de pagar por depositar allí sus residuos, que ascendería a 1.747.822 euros. Por ello, el coste real y efectivo del servicio asciende a 3.338.318,84 euros.

La normativa europea es muy estricta en este asunto, de acuerdo con el principio de “quien contamina paga”. Bruselas impone que los costes relativos a la gestión de los residuos, incluidos los correspondientes a la infraestructura necesaria y a su funcionamiento, así como los relativos a los impactos medioambientales y en particular los de las emisiones de gases de efecto invernadero, tienen que ser sufragados por el productor inicial de residuos.